Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizar una auditoría amplia al Instituto Nacional Electoral (INE), que abarque la gestión de Guadalupe Taddei y administraciones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova, para esclarecer presuntas irregularidades en contratos y el manejo de recursos públicos.
Durante la conferencia mañanera de este martes 27 de octubre, la mandataria insistió en que la revisión no debe limitarse al último año, sino incluir todos los señalamientos existentes y los periodos que correspondan conforme a las atribuciones de la ASF.
“Que haga la auditoría que tenga que hacer a los años que tengan que hacer de acuerdo con sus atribuciones y que se revise todo”, expresó.
Sheinbaum pidió transparentar los contratos, los proveedores, los salarios y el destino de los recursos del organismo electoral. También solicitó que el Órgano Interno de Control del INE entregue a la ASF la información disponible sobre las investigaciones que mantiene abiertas.
La presidenta sostuvo que es necesario conocer desde cuándo operan los contratos con las empresas señaladas, cuáles fueron sus condiciones y si existieron posibles conflictos de interés o irregularidades en las contrataciones.
Entre los antecedentes se encuentra el anuncio de la ASF, realizado el pasado 23 de octubre, sobre el inicio de una investigación de oficio relacionada con posibles anomalías en contrataciones del INE y de organismos públicos locales electorales. La Auditoría informó que contaba con indicios que ameritaban investigar posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, sin que ello implique que las responsabilidades estén acreditadas.
La mandataria también consideró que la nueva presidencia del organismo electoral deberá garantizar transparencia e imparcialidad en todas sus áreas, independientemente de quién ocupe el cargo.
En otro punto, cuestionó el volumen de recursos destinados al instituto y a los partidos políticos, y recordó que la reforma electoral impulsada por su gobierno planteaba reducir esos costos, aunque la iniciativa no consiguió la mayoría calificada necesaria para su aprobación en el Congreso.
