Columna de opinión | Por: Rafael Gil
La realidad del país comienza a pasarle factura a la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Las protestas del sector salud, el paro nacional de transportistas, los escándalos que salpican al oficialismo y la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del INE dibujan un escenario que exige algo más que explicaciones desde “la mañanera” en Palacio Nacional: resultados.
En los hospitales, médicos y trabajadores denuncian falta de insumos, carencias e inconformidades laborales. En las carreteras, los transportistas protestan contra los asaltos, robos y extorsiones. Dos sectores distintos, un reclamo común: las autoridades no están resolviendo problemas que afectan directamente la vida de los mexicanos.
A esto se suman los señalamientos de presunta corrupción que involucran a figuras cercanas al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, como Andy López Beltrán y Adán Augusto López. Las acusaciones deben investigarse y probarse, pero la exigencia de transparencia no puede depender de la filiación política. La honestidad también se demuestra cuando se investiga a los propios.
El caso del INE agrava el panorama. Guadalupe Taddei anunció su renuncia en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y conflictos de interés, asuntos que deberán esclarecerse. Su salida ocurre cuando México ya se encamina a las elecciones de 2027, en las que la independencia y credibilidad del árbitro electoral serán fundamentales.
Y mientras tanto, el crimen organizado continúa siendo una de las mayores amenazas para el país. Los presuntos vínculos entre delincuentes y autoridades, incluidos gobernadores y alcaldes señalados en distintas controversias, exigen investigaciones serias. La percepción de que el poder mira hacia otro lado por conveniencia política solo profundiza la desconfianza ciudadana.
Sheinbaum llegó a la Presidencia con el respaldo de millones de mexicanos y la promesa de dar continuidad a un proyecto de transformación, bienestar y honestidad. Pero gobernar no significa defender el legado de su antecesor a cualquier costo, ni atribuir cada problema al pasado. Significa asumir responsabilidades, corregir errores y exigir cuentas incluso a los aliados.
A dos años de haber asumido el cargo, el desafío es evitar que las crisis se conviertan en la rutina del gobierno: una protesta, una explicación; un escándalo, una promesa de investigación; una denuncia, un nuevo discurso.
México necesita hospitales que atiendan, carreteras seguras, autoridades que rindan cuentas e instituciones electorales confiables. No basta con administrar la inconformidad ni con defender lo indefendible.
La tesis es simple: la legitimidad de un gobierno no se mide por su capacidad para explicar las crisis, sino por su voluntad y eficacia para resolverlas. Gobernar también significa investigar, corregir y permitir que las consecuencias alcancen -incluso- a quienes forman parte del propio proyecto político.
