La muerte de un niño de apenas cuatro años en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud del Gobierno del Estado, abre serios cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del complejo deportivo, el estado de las porterías, los protocolos de emergencia y, especialmente, el silencio institucional que prevaleció durante los primeros días tras la tragedia.
El accidente ocurrió la noche del lunes 19 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, cuando una portería de futbol cayó sobre el menor, quien fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde finalmente perdió la vida.
Aunque el fallecimiento ocurrió el lunes, fue hasta el miércoles 21 de octubre cuando medios de comunicación comenzaron a señalar públicamente el caso y el jueves 22 el titular del INPOJUVE, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, confirmó los hechos. La explicación oficial fue que se guardó silencio por respeto al duelo de la familia y para no interferir en las investigaciones.
Sin embargo, la tragedia plantea preguntas que merecen respuestas claras: ¿las porterías se encontraban en condiciones adecuadas y contaban con mecanismos de sujeción para evitar que se volcaran? ¿Existían revisiones de seguridad documentadas? ¿Se detectaron previamente riesgos en las instalaciones? ¿Qué protocolos de emergencia se activaron y cuánto tiempo tardó la atención al menor?
También se difundieron versiones sobre una posible demora de los servicios de emergencia, por lo que resulta indispensable que las autoridades aclaren si había una ambulancia disponible y cómo se actuó inmediatamente después del accidente. Estos señalamientos aún requieren confirmación oficial.
El titular del INPOJUVE aseguró que se entregaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) los videos de videovigilancia, testimonios y documentos solicitados. Asimismo, informó que se mantiene comunicación con la familia y que se ofreció apoyo para cubrir los gastos funerarios.
Por su parte, la fiscal general, María Manuela García Cázares, confirmó que existe una carpeta de investigación y que la Policía de Investigación y Servicios Periciales trabajan para determinar cómo ocurrió el hecho y si existen elementos para establecer responsabilidades penales. Los dictámenes periciales serán fundamentales para esclarecer el caso.
La cancha permaneció cerrada durante las primeras 48 horas para permitir las diligencias y posteriormente fue reabierta.
El respeto al dolor de la familia es indispensable, pero también lo son la transparencia y la rendición de cuentas. La muerte de un niño dentro de un espacio deportivo público no puede quedar únicamente en una explicación de accidente: es necesario determinar si la estructura estaba asegurada, si se cumplían las medidas de prevención y si la respuesta ante la emergencia fue adecuada.
La pregunta sigue en el aire: ¿se trató de un accidente imprevisible o existieron fallas de mantenimiento, supervisión o atención que pudieron evitar esta tragedia? La Fiscalía deberá esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a la familia del menor.
